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El próximo viernes 28 de noviembre a las 11:30 acudiremos a denunciar ante
la Fiscalía a la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales y a la
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Antes de hacerlo, queremos
dejar claro quiénes son, para nosotras, las personas responsables de la gestión
del Salario Social Básico que impide defenderse y que está causando una serie
de daños y perjuicios a las personas perceptoras del derecho.
Estas personas son Marta del Arco, Consejera de Derechos Sociales y
Bienestar, responsable por acción o por omisión de mantener esta política de
reclamaciones, y Paula María Álvarez Herrera, directora general de Gestión
de derechos sociales e impulsora y defensora de la política de reclamación de
cobros indebidos a las personas empobrecidas.
Ellas son con sus decisiones políticas las RESPONSABLES de:
·
La falta
de contestación a los escritos presentados por las personas perceptoras para
revisar su situación.
· Las cartas
remitidas como Trámites de Audiencia o Reclamación de cobros imposibles de
entender en el momento en el que la Administración decide revisar la
prestación sin tener en cuenta ninguna de la documentación previa presentada.
· La falta
de notificaciones y avisos de las deudas contraídas que permitan a las
personas afrontar la deuda sin llegar a los Servicios Tributarios. Llegando
avisos de deudas de hasta cuatro años sin haber recibido ninguna notificación
previamente.
· La falta
de un procedimiento adaptado del pago para las personas en una situación
de vulnerabilidad social.
Algunos ejemplos de los daños que está causando esta gestión y la
reclamación de los “cobros indebidos” son:
·
Las
personas se encuentran en una imposibilidad de hacer frente a los gastos más
básicos de alimentación, suministros, vivienda.
· Las
situaciones de nervios y ansiedad que provocan una reclamación de la
Administración pública y la imposibilidad de acceder a un procedimiento que
permita la defensa ante las reclamaciones.
· Los problemas
de salud mental derivada de una situación continuada de indefensión,
sabiendo que estas realizando el procedimiento, que está en tu mano para
notificar los cambios y que paralicen los pagos y desde la Administración
siguen realizando ingresos económicos y reclamando posteriormente.
· Perjuicios
económicos. Aunque se asuma la deuda y se consiga fraccionarla en el plazo
máximo de 60 meses, las personas tienen que hacer frente a intereses que
vuelven a penalizar a la persona, que no olvidemos está en una situación de
vulnerabilidad social.
· La
cronificación de las personas en el laberinto de la exclusión. Actuando con la
gestión llevada a cabo, en contra del propio objetivo de la ley del Salario
Social Básico.
Desde ALAMBIQUE pedimos a la Consejería que cambie su política de lucha
contra las personas empobrecidas y evite la presentación de esta denuncia y que
actúe con diligencia y paralice estas Reclamaciones de “cobros indebidos” a
todas las personas que han CUMPLIDO notificando sus cambios y están en una
situación de vulnerabilidad como primer paso mientras se mejora el
procedimiento de aplicación del Salario Social Básico.
Y animamos a todas las personas afectadas a acudir a la concentración del
próximo 28 de noviembre a las 11:30 en Oviedo y a ponerse en contacto con la
asociación y presentarnos su situación y sumarse así a esta reclamación.
POR FALTA DE INFORMACIÓN NO TE QUEDES SIN
DERECHOS.
POR LA PARALIZACIÓN DE LAS RECLAMACIONES DEL SALARIO SOCIAL BÁSICO.
VIVIR DIGNAMENTE ES UN DERECHO.
