Cada cierto tiempo las personas empobrecidas recibimos un ataque por parte del Gobierno de Asturies y de su Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
Ataques que vienen a tapar el desastre de la propia Consejería en la gestión de esta renta mínima, en vez de realizar autocrítica y renunciar o dimitir de sus cargos por no haber conseguido hacer funcionar este derecho en ningún momento. Se dedican, en el mejor de los casos, a endurecer las posibilidades de acceso y las más de las ocasiones a criminalizarnos, acusándonos de fraude. Nunca se dice que hay cerca de 1.000 expedientes pendientes de actualización que condenan a las familias a vivir con importes entre 100 y 200 euros y a personas solas a vivir con importes de menos de 100 euros, mientras se revisa la situación. Situaciones y variaciones que se han comunicado en tiempo y forma.
Un ejemplo recurrente es el de las personas mayores de 45 años que, en los periodos entre un programa de Renta Activa de Inserción y otro, se encuentran 11 meses sin ingresos. Muchas de esas situaciones que ellos llaman "fraude" son problemas burocráticos que nos condenarán más adelante al laberinto de la exclusión, endeudándonos, generando reclamaciones de importes recibidos o impidiéndonos acceder a otros programas de la administración pública.
Otra de las cuestiones que no nos cuentan, es que el Salario Social aunque tiene 22.585 perceptores y 49.000 beneficiarios aproximadamente no es una herramienta útil para las 170.000 personas que viven bajo el umbral de la pobreza, ni siquiera cubre a las 57.000 personas con ingresos por debajo de 365 euros. Es la realidad, el Salario Social no llega para todas las personas de Asturies que viven en situación de pobreza extrema.
El último ataque busca enfrentarnos a las personas que tenemos menos recursos y cobramos el salario social unas frente a otras, atendiendo denuncias de esos supuestos fraudes y mandando a la policía local para que controle e investigue nuestra situación, porque las personas empobrecidas en nuestras sociedades somos personas sospechosas.
El Gobierno de Asturies no cree en el derecho de las personas a vivir dignamente y por eso no apuesta por convertir el Salario Social en una verdadera herramienta de lucha contra la pobreza y la exclusión. El Gobierno de Asturies no cree que las personas empobrecidas tengamos derechos y por eso nos convierte en sospechosas y nos criminaliza.
Desde la Asociación contra la exclusión ALAMBIQUE:"Estamos cansadas de trampas".No a la criminalización de la pobreza.VIVIR DIGNAMENTE ES UN DERECHO.
