Por José Luis Carretero Miramar. kaosenlared.net.- Según datos del libro “Trabajo y pobreza” de Ana María Rivas, desde que, en 2007, comenzó la crisis global del capitalismo, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en el Estado español ha pasado de un 24,7 % en 2009, a un 26,1 % en 2010, hasta llegar a un 29, 2 % en 2014. Estamos hablando de 13,6 millones de personas, del total de 46,7 millones de la población española. Este aumento de personas en esta situación en los últimos años, se ha dado a un ritmo mayor que en el conjunto de la Unión Europea.
En la primavera de 2014, el 16,1 % de los hogares indicó que llegaba a fin de mes con “mucha dificultad”. El 42, 4% no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos. El 45 % no se podía permitir irse de vacaciones una semana al año fuera de casa. El 10, 2 % tenía retrasos a la hora de pagar los gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca, alquiler, gas, electricidad, comunidad…) en los 12 meses anteriores…
Hay que tener en cuenta, además, que esta pobreza está enormemente feminizada, condenando a la precariedad a quienes realizan el trabajo de cuidados y retribuyendo de manera ínfima a los sectores laborales con mayoría de mujeres, como las camareras de pisos o la limpieza de edificios en general, lo que también impacta fuertemente en los menores, que muestran tasas de pobreza y exclusión social inimaginables hace pocos años.
Podríamos seguir. Y la tendencia no ha cambiado con la supuesta “recuperación” del último año. Los desahucios siguen contándose por miles. La pobreza energética sigue marcado la depauperada vida de cientos de miles de hogares proletarios. Los sueldos ínfimos y la precariedad laboral y vital son el nuevo paradigma de la gestión del empleo y de lo que puede disciplinar al empleo: el paro y sus secuelas.
Lo realmente representativo es la expansión de una figura social hasta ahora marginal en la sociedad española: los working poors. Personas que tienen un empleo (aún eventual y precario), pero que no por ello pueden salir del umbral de la pobreza. La quiebra total del pacto keynesiano que ligaba trabajo con ciudadanía y derechos, Estado de Bienestar con Estado Social y Derecho del Trabajo.
Es el resultado de décadas de flexibilización y precarización del mercado laboral. La “flexiseguridad” que se nos prometió se quedó, como adelantamos algunos, en ultra-flexibilidad y desmantelamiento de los diques y las prestaciones sociales del Estado del Bienestar. Seguridad para el empleador, de que tendrá trabajo barato, flexible y servil al final del proceso de depauperación de las clases subalternas en que ha consistido la política laboral de la crisis.
Y para disciplinar al trabajo, también hay que disciplinar al paro. Llenar la situación de desempleo de obligaciones administrativas, culpabilidad, humillaciones, y la experiencia sangrante de la precariedad vital y la miseria. Coaching que convenza a los parados de que la culpa de su desempleo es suya, por no ser lo suficientemente emprendedores, y sanciones que les retiren la prestación si emprenden por fuera de lo administrativamente admisible.
¿Hay alternativas? Desde luego. Y hay alternativas para el día de hoy. Alternativas de urgencia como los programas de Trabajo Garantizado que han demostrado su viabilidad en algunos lugares de América Latina, y como las distintas versiones de Renta Básica, que garantizarían un mínimum vital para todos los ciudadanos, un colchón de subsistencia que, a su vez, podría operar como un suelo salarial que permitiese al tiempo el avance de los salarios y, con ellos, de la demanda agregada. Exigencias mínimas para la supervivencia en condiciones básicas de dignidad sobre la base del reparto de la riqueza producida por el conjunto social. Abundancia producto de la cooperación social en todas sus formas, tanto productivas como reproductivas, que, una vez apropiada por una clase concreta de la población (los propietarios de los medios de producción) es restringidamente devuelta a la mayoría en la forma de salarios míseros y pobreza, ya sea con la excusa del régimen laboral capitalista, que implica el plusvalor, ya con la de la división patriarcal del trabajo, que implica la desvalorización forzada del trabajo de cuidados y de reproducción de la vida humana.
El modelo de Renta Básica de los iguales, por ejemplo, constituye una plataforma que aúna, al tiempo, la posibilidad de garantizar la subsistencia en régimen de mínima dignidad material para el conjunto de sociedad, con incentivos para la transformación social de tipo progresista, favoreciendo el reparto de la riqueza y la liberación de los flujos de energía del proletariado de las necesidades de la economía capitalista, permitiendo potencialmente a sus perceptores recuperar su tiempo de vida y reordenar su marco de necesidades y de deseos fuera del universo de la mercantilización de la vida humana.
Pero no tiremos las campanas al vuelo: el proceso de recuperación, por parte del Capital, de las propuestas de Renta Básica, avanza también a toda máquina. Los proyectos que nos rodean y el sentido común de los medios mainstream apuestan ya por una Renta Básica entendida estrechamente como una renta mínima fuertemente condicionada que, en un contexto de precariedad laboral creciente y degradación de los servicios públicos sin alternativa comunitaria, pueda servir como complemento que garantice la paz social en el proceso de desmantelamiento de lo público y de mercantilización de las necesidades humanas esenciales. Una renta mínima insuficiente, siempre en cuestión y combinada con la pulsión al pago por todas necesidades básicas, como la educación o la jubilación, que garantice que las barriadas no exploten sin permitir el avance salarial, por su exigüidad, ni la liberación del tiempo proletario. Más teniendo en cuenta la desigualdad de partida que implica que estos programas puedan financiarse, sin tocar el corazón del sistema, sólo en espacios especiales y a costa de los pueblos de la Periferia del sistema-mundo capitalista, saqueados y devorados por las dinámicas imperialistas de las grandes potencias y la voracidad de las transnacionales del Centro.
Porque, al final, lo que puede ser una magnifica herramienta para el día de hoy no debe hacernos olvidar que el problema es más profundo: es el capitalismo, y no sólo el reparto de parte de la riqueza expropiada por los capitalistas. Para solucionar el problema de fondo, pues, se imponen soluciones más profundas y globales: iniciar el proceso de salida del capitalismo histórico con una dinámica de avance sobre la producción, y no sólo sobre la distribución. Autogestión y socialización de la economía, y gestión comunal-comunitaria de los servicios básicos y comunes, superando al mercado privado y al estatismo estrecho. Eso implica empoderamiento de las clases subalternas, construcción de una red de iniciativas y contrapoderes populares capaz de expropiar, por fin, a los expropiadores que nos han hurtado la dirección y propiedad de la riqueza social que producimos entre todas y todos. La Renta Básica puede liberar tiempos y energías para ello, combinada con la construcción popular, inaugurando un nuevo equilibrio más favorable en el campo de batalla entre clases, o ser un nuevo obstáculo, en la versión que empieza a pergeñar la oligarquía, como versión postmoderna, cicatera y condicionada, del “pan y circo” romano para las zonas centrales del sistema.
Pero lo que es cierto es que la pobreza y la exclusión social es nuestra responsabilidad y no puede continuar un día más. Su urgencia es innegable. En esas condiciones, reivindicar un mínimo de subsistencia para todos es inaplazable. Para hacerlo construyendo, al tiempo, contrapoder social, la dirección y la iniciativa de esta lucha ha de partir de los que sufren la precariedad y la miseria. Frente a la miseria, la única alternativa a la beneficencia, siempre condicionada y siempre volátil, es la autoorganización de los excluídos.
